Violencia, neoliberalismo y protesta popular en América Latina.

Oscar Armando Ramos
I. Introducción
En un artículo publicado en 1978, cuando se avizoraba el eclipse de las dictaduras militares latinoamericanas, Guillermo O’Donnell describió las tensiones de lo que él llamó el Estado burocrático autoritario. Dado que éste no escapaba a la condición general de todo Estado (expresión de relaciones de dominación, y por tanto expresión institucionalizada de la coerción), necesitaba de las mediaciones necesarias para velar la coerción: los mecanismos del consenso. En una democracia, afirmaba esperanzado, casi siempre era posible apelar a la nación (que apelaba a su vez a una homogenización de las diferencias sociales y políticas a través del “nosotros”), a la ciudadanía (que apelaba a la homogeneización de las mismas diferencias a través de la igualdad jurídica y política y la posibilidad de defensa jurídica frente al poder del Estado), y finalmente, a lo popular, que convertía a los menos favorecidos en interlocutores del Estado a través de su demanda de “justicia sustantiva”, de la cual derivaban obligaciones estatales. En tanto que estas tres mediaciones eran posibles en la democracia y muy poco posibles en las dictaduras, el Estado burocrático autoritario era una “forma subóptima de la dominación burguesa” (1997:72, 88).
En las dos últimas décadas del siglo XX, las dictaduras militares se desvanecieron. En buena parte de la región surgieron sistemas de democracia representativa, en los cuales pudieron verse algunas novedades: la disminución sustancial de la cuota de poder de las fuerzas armadas, las elecciones no fraudulentas, la desaparición parcial del terrorismo de Estado, las posibilidades de la rotación electoral, la gradual sustitución de la cultura del terror por la cultura democrática.
La visión elitista y reformista de la transición a la democracia se vio favorecida, pues la forma más generalizada del tránsito del autoritarismo a la democracia política fue a través del pacto y la reforma. Las características de dicha transición hicieron perdurar los atavismos autoritarios encarnados en hábitos represivos y la pervivencia de protagonistas de la guerra sucia. Además, la instauración de la institucionalidad democrática se hizo casi paralelamente a la sustitución del modelo desarrollista de acumulación capitalista por el modelo neoliberal. La gran paradoja del desmantelamiento de las dictaduras militares en la región, en tanto se vio acompañada de la continuidad y profundización del neoliberalismo, reside en que no resolvió la crisis que provocaba en ellas la ausencia de las tres grandes mediaciones que hemos mencionado antes.
En el momento climático del Estado benefactor y del keynesianismo, Marshall se atrevió a imaginar la justicia distributiva como algo ligado a la ciudadanía y a la vez, a ésta última como instrumento de lucha contra las desigualdades económicas (Ciriza, 2001, pp.3 y 4). El neoliberalismo ha invertido diametralmente este sueño: hoy la desigualdad social desciudadaniza y la desciudadanización reproduce ampliadamente a la injusticia. El neoliberalismo camina en sentido contrario a lo que es la democracia en su definición mínima: el conjunto de reglas, valores e instituciones que garantizan la existencia de la ciudadanía.
Por varias razones, el neoliberalismo es fuente y nuevo contexto de la violencia que hoy vive América Latina. Profundiza la injusticia social y con ello los conflictos sociales, construye un Estado que privilegia las penas y condenas del delito en lugar de su prevención; al mismo tiempo debilita la presencia estatal en la sociedad y crea los vacíos por donde se cuelan crimen organizado, delincuencia común y poder y justicia informal. Y todo este contexto contribuye a la crisis de legitimidad que ha sido la base de rebeliones y protestas populares de los últimos años en la región.

II. Neoliberalismo, globalización imperialista y desigualdad social
El inicio del desmantelamiento de las dictaduras militares se vio precedida -en la década de los setentas- por la caída de las exportaciones latinoamericanas como consecuencia de la crisis internacional, lo cual evidenció el fin del modelo de sustitución de importaciones y desarrollo capitalista asentado en el mercado interno. Otros rubros -turismo, remesas familiares de inmigrantes, maquila, acaso el narcotráfico- son hoy el soporte de buena parte de las economías latinoamericanas y síntomas de la profundización de su dependencia. La crisis de la deuda externa en los ochenta (“la década perdida”) se originó con la aparición de créditos vencidos en el contexto de una disminución de la capacidad exportadora (Libreros, 2001: 99-100).
Esta crisis profunda se combinó con el auge mundial de las recetas neoliberales -contextualizadas por la globalización- que supuestamente resolverían dicha crisis: desmantelamiento del Estado benefactor, disminución del proteccionismo y apertura de los mercados nacionales, reorganización espacial de la producción, movilidad extraordinaria de capitales, innovación tecnológica que provocó desempleo y abatimiento de los salarios, flexibilización laboral, represión al descontento social y laboral, flujos migratorios extraordinarios, apertura y explotación de los recursos naturales, lucha feroz por recursos naturales estratégicos y por ello mismo, necesidad de presencia imperial en territorios también considerados estratégicos (López, 2001, p.3; Sarmiento, 2001, p. 85).
La globalización nos indica que la tajante separación entre lo interno y lo externo no existe ya. Pero la globalización que hoy vivimos tiene un carácter imperialista. Por imperialismo entendemos la expansión política, militar, ideológica y cultural de un Estado o de un grupo de Estados con el propósito de hegemonizar territorios, controlar recursos naturales, expoliar a enormes masas humanas, y con todo ello reproducirse ampliadamente. Ilustra la anterior aseveración un dato proporcionado por una investigación dirigida por Pablo González Casanova: la transferencia neta de excedente financiero desde la periferia al centro del sistema capitalista se triplicó entre el período 1972-1976 y el comprendido entre 1992 y 1995 (Vilas, 2000, pp.21-23).
En la América Latina del siglo XXI, la soberanía de sus naciones se encuentra desvirtuada -además de las debilidades provocadas por la deuda externa y el neoliberalismo- al menos por tres signos ominosos de carácter imperial: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia. El ALCA, que tendría que entrar en vigor en 2005, está pensado como uno de los instrumentos esenciales de la dominación estadounidense en la región. Para los Estados Unidos de América, contar con un mercado estable se ha convertido en una prioridad estratégica, dado su papel de principal comprador en el mercado internacional, lo que a su vez es una de las explicaciones de su enorme déficit en su balanza cambiaria (Libreros, 2001, p. 97).
La gran concentración industrial comercial, financiera, portuaria y de comunicaciones que se encuentra en la costa este de los Estados Unidos, la más grande del planeta, podría ser una de las explicaciones esenciales de lo que en México se llama el Plan Puebla-Panamá. Igual que en el siglo XIX, los Estados Unidos de América siguen necesitando, para enfrentarse al desafío de la globalización y a la competencia entre potencias, una vía expedita hacia el Pacífico, ahora con mayor razón, dado que Asia se ha convertido en uno de los polos del dinamismo económico mundial. Así pues, el imperio estadounidense necesita corredores viales a lo largo del territorio mexicano que los comuniquen hacia el sur y hacia el Océano Pacífico, canales y vías secas de comunicación interoceánica en cada uno de los países centroamericanos y en el istmo de Tehuantepec que suplan la obsolescencia del Canal de Panamá, infraestructura portuaria en todas las costas que dan hacia el Mar Caribe, corredores de maquilas en México, Centroamérica y el Caribe, garantías del dominio de la biodiversidad y por tanto de las reservas ecológicas en Mesoamérica, el Caribe y la cuenca amazónica.
Si el Plan Puebla-Panamá se encuentra indisolublemente asociado al proyecto de integración continental que persigue el ALCA, igualmente sucede con la llamada Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia. Particularmente éste último sería un proyecto integral de “limpieza de obstáculos” y vencimiento de resistencias, no sólo en Colombia, sino en la región que la circunda, a efecto de poder implantar el ALCA en 2005 (Estrada, 2001, p. 37; Caycedo, 2001, p. 202). De acuerdo con diversos especialistas, el Plan Colombia es una iniciativa imperial que va mucho más allá del país que le da su nombre, pues pretende controlar la parte norte de Sudamérica , y en general a buena parte de la región amazónica, la cual -como se sabe- es una de las más ricas del mundo en petróleo y biodiversidad. Por ello mismo, si en el pasado “la amenaza soviética” o la “subversión comunista internacional” fueron los factores que sirvieron como pretexto para la intervención imperialista, hoy el narcotráfico y el terrorismo (en particular, después del 11 de septiembre de 2001) serían los enemigos a vencer que justificarían o legitimarían la intervención estadounidense en cualquier parte del mundo.
Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraban el desolador panorama de la desigualdad humana a fines del siglo XX: las 225 personas más ricas del mundo poseían en 1998 la misma riqueza que 2,500 millones de seres humanos. La riqueza de aquellos 225 magnates equivalía a la del PIB acumulado de los 48 países menos desarrollados del planeta (Ameglio y Fracchia, 1999, p. 1). En América Latina, según datos de la CEPAL, el número de pobres -en términos absolutos- pasó de 130 millones en 1970 a 203 en 1990 (un aumento del 64%), mientras que la proporción de personas en estado de pobreza alimentaria relativa pasó de 41% en 1980 a 47% en 1990. Según datos del Banco Mundial, entre 1980 y 1989, la proporción de personas en pobreza alimentaria absoluta pasó de 26.5%% a 31.5% del total de la población en la región. Los pobres alimentarios relativos aumentaron en 59 millones, mientras los pobres alimentarios absolutos lo hicieron en 42 . Al relacionar estos datos con el incremento poblacional ocurrido en el mismo lapso, para obtener la incidencia marginal de la pobreza –proporción de la pobreza en la población que se añadió al total demográfico-, se supo que ésta ascendía a 70.2% y 54% respectivamente. Las estimaciones que se hacían indicaban que entre 1990 y 2000 el número de pobres en la región crecería de 203 a 232 millones. Ello implicaría que entre 1970 y 2000 los pobres aumentarían en 200 millones, aproximadamente (Boltvinik, 1996, pp.32-33).
Datos aportados por los documentos de las delegaciones nacionales del Foro de Sao Paulo indican que en 1997, en México, el déficit total de empleos alcanzaba los 20 millones de puestos de trabajo. La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) indicaba que un año antes el salario mínimo había alcanzado su nivel más bajo desde 1935. Sólo 35% de los trabajadores ganaba más de dos salarios mínimos (unos 200 dólares), otro 30% ganaba entre 1 y 2, el 20% recibía menos de uno y el 15% no recibía ninguno.
En Brasil, las cifras oficiales reconocían, a fin de siglo, 80 millones de pobres, 30 de los cuales lo eran en términos absolutos. Los trabajadores informales representaban el 50% de los 55 millones que constituían la población económicamente activa. En Uruguay 11% de la población vivía en el desempleo abierto e igualmente un 11% vivía bajo la línea de la pobreza, mientras que en el campo tal porcentaje alcanzaba el 43%. En Venezuela el número de pobres absolutos había aumentado en 40% desde el inicio de la implantación de las políticas neoliberales. En 1998, el 26% de los 5 millones de hogares de dicho país vivían en pobreza extrema y los salarios reales promedio tenían el 57% de su valor en 1990. Aun en Chile, donde la polarización y la pobreza no ha sido tan cruda como en otras partes de la región, en la última década del siglo XX la pobreza extrema aumentó y la diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el más pobre de la población pasó de 14 veces a 15.3 (Salinas, 2001).
Entre 1998 y 2000, en Colombia se perdieron un millón de empleos y el desempleo abierto llegaba a 20.5% mientras otro 60% estaba constituido por los trabajadores informales. Entre 1993 y 1999, el porcentaje de pobres entre la población total del país (42.3 millones) pasó de 51.7 a 56.3, mientras en el campo pasó de poco más de 70% a casi 80%. A principios del siglo XXI, la otrora próspera Argentina tenía una deuda externa de 147 mil millones de dólares (50% del PIB), la cual consumía el 22 % del gasto público en pagos de intereses. El 10% más pobre obtenía el 1.5% del PIB mientras el 10% más rico obtenía el 35%. La suma de desempleados y subempleados ascendía al 31%, tenía a 11 (33%) de sus 36 millones de habitantes viviendo debajo de la línea de pobreza, y a 2.5 millones (7%) en calidad de indigentes.
En síntesis, en cada uno de los países de la región la pobreza arroja datos alarmantes. Más aún -al decir de una analista argentina-, a los “pobres estructurales” habría que agregar ahora dos nuevas categorías de pobres que reflejarían la debacle de las clases medias: los “nuevos pobres” y los “pobres de nuevo” (Aguilar, 2001, p. 5). Es esta situación la causa común de fenómenos contradictorios como los que nos ocuparan en las siguientes páginas.

III. De represiones y ausencias: la paradoja del Estado en Latinoamérica.
La reducción de la acción del Estado para paliar la miseria, la profundización de la pobreza en las décadas de los ochenta y los noventa, han dejado sin esperanzas a los pobres de la región. El control social se ha relajado no sólo porque el Estado se ha ausentado (porque no está presente o porque carece de legitimidad), sino también porque familia y escuela se han visto desmantelados en las áreas de pobreza (Briceño, s/f, p. 125). La mayoría de los Estados latinoamericanos parecen combinar sus vacíos estatales o “aestatalidades” en la gestión de la seguridad y la justicia social, con sus presencias punitivas a través de policías corruptas y asociadas al crimen organizado. En el lado de la sociedad civil, la creciente marginalidad adopta una forma perversa de rebelión, de tal manera que no resulta extraño que la violencia urbana sea calificada ya como “el devenir siniestro y policiaco de la lucha de clases” (Ciriza, 2001, p. 1).
América Latina se convirtió en los años ochenta y noventa en la segunda región con más violencia delincuencial en el mundo: en 1994 su tasa de homicidios alcanzó a ser de 28.4 por cada 100 mil habitantes, después de la África subsahariana, que en 1990 tenía una tasa superior a 40 por cada 100 mil habitantes. Las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron en los años ochenta de manera espectacular en Perú y Colombia, en 379 y 337% respectivamente, lo cual puede explicarse por las guerras internas que observaron estos países. En términos absolutos, a fines de los ochenta y principios de los noventa, Colombia tenía una tasa de 89.5 (más del doble que la región más violenta del mundo), seguida de lejos por Brasil (19.7), Perú (11.5) y Ecuador (10.3). Es importante resaltar que a principios de los noventa del siglo XX, en Brasil y Uruguay la tasa de homicidios había subido en alrededor de 70%, en Ecuador el 60%, en Argentina y Venezuela entre 23 y 30% (Dammert, 2001, pp.3-4). En Guatemala, según datos del PNUD, en un lapso bianual la violencia delincuencial aumentó en la capital del país en un 14% (Palma, s/f, p. 4). En este momento sólo podemos señalar la coincidencia en el tiempo entre el comienzo del proceso neoliberal en la región con un aumento significativo de la violencia delincuencial.
Es cierto que la pobreza no necesariamente genera delincuencia y el riesgo de una afirmación en sentido contrario supone la criminalización de la pobreza. En Venezuela y Brasil los índices más bajos de homicidios se encuentran en los estados más pobres (Briceño, 1997, p. 55). Sin embargo, es importante decir que la pobreza unida a otros factores siempre es un excelente caldo de cultivo para la criminalidad. El crimen organizado recluta a sus infanterías entre los jóvenes que viven en la pobreza. En el contexto de una sociedad con poco espacio de movilidad social, por las escasas e inestables oportunidades de trabajo, las bandas de narcotraficantes, secuestradores o sicarios, tienen en expolicías a sus cuadros medios y en los jóvenes provenientes de las poblaciones, favelas, limonadas, barrios y pueblos jóvenes a sus agentes operativos.
Por lo demás, la violencia delincuencial tiene en los espacios de pobreza uno de sus escenarios privilegiados. En la Venezuela del fin de siglo XX, la precaria presencia del Estado en los barrios, el trazo irregular de las calles, la densidad poblacional, favorecían la acción delincuencial, dificultaban la de la policía y el 80% de las víctimas de los homicidios vivía allí (Briceño, 1997, pp. 55 y 59). En Río de Janeiro las tasas de homicidios de las zonas pobres eran tres o cuatro veces superiores a las de clase media o media alta. A mediados de los noventa del siglo XX, el 41% de las víctimas de homicidios en la ciudad de México eran obreros y trabajadores (Briceño, 1999, p. 400).
Se desprende de lo dicho antes que las ciudades son el otro ámbito privilegiado de la violencia delincuencial. Con excepción de Brasil, donde el porcentaje de victimas de actos delincuenciales es prácticamente el mismo en las ciudades pequeñas que en las grandes (aproximadamente el 40%), en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela las diferencias entre ciudades pequeñas y grandes oscila entre 10 y 20 puntos (Dammert, 2001, pp. 5-6). En el último lustro del siglo XX, en Guatemala, el 35% de los delitos violentos se cometían en la capital del país, que tenía el 10% de la población total (Palma, s/f, p.6). A fines del siglo XX, la mitad de los homicidios cometidos en Venezuela ocurrían en Caracas, mientras que en Brasil, tal modalidad de crimen se concentraba en las grandes ciudades del sur (Sao Paulo, Río de Janeiro) (Briceño, 1999, pp. 399-400). En 1995, 79 de cada 10 mil habitantes de Río de Janeiro murieron de forma violenta (Sperberg y Happe, 1999, p. 9). En Medellín, Colombia, entre 1987 y 1996, la violencia mató a 14 hombres por una mujer, alrededor del 60% de las muertes masculinas fueron por causas violentas y esta cifra representaba una pérdida de la esperanza de vida de hasta 12 años de los hombres respecto de las mujeres (Fernández Moreno, 2001).
La corrupción los cuerpos policíacos en América Latina, la impunidad con la que ejercen la violencia extralegal y el hecho de que no tengan fronteras definidas con la delincuencia organizada (el narcotráfico principalmente), a menudo los convierten en uno de los factores de la inseguridad pública y en enemigos de la población. La policía militar en Río de Janeiro se ha visto involucrada en masacres de favelados y de niños de la calle (Pereira, 1999, p. 3), así como otros cuerpos policíacos han organizado los famosos escuadroes da morte que se han asociado al narcotráfico (Soares, 1999, p. 4). Según datos de diversas organizaciones de derechos humanos, en México las policías municipales y las judiciales estatales acumulan el 55 de las denuncias nacionales por violación a los derechos humanos. Entre las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre 1993 y 1997, el 95% tenían que ver con anomalías y delitos cometidos por las autoridades judiciales y policiales (Alvarado, 1999). Habría que agregar que la corrupción beneficia esencialmente a los altos mandos policíacos, pues los oficiales medios y la tropa frecuentemente se quejan de bajos salarios y pobre equipamento.
El Estado latinoamericano se vuelve una eficiente maquinaria represiva, en especial, cuando se enfrenta a movimientos de oposición y subversión. Los mismos Estados que fueron implacablemente eficientes en la represión en Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay y Brasil, se comportan hoy de manera inversa con el crimen organizado y la delincuencia común. En Colombia, en el año 2000, se asesinó a un dirigente sindical cada tres días, se registraron 10 asesinatos políticos y una desaparición forzada diarios, así como una masacre (más de 5 víctimas en un hecho) cada dos días. Ese mismo Estado permitía 3 mil secuestros al año y 30 mil homicidios de los cuales sólo el 12% se debía a motivos políticos; así mismo, la impunidad respecto de la delincuencia se calculaba en 90% (Sarmiento, 2001, p.75). En Brasil, un país donde las ausencias estatales son notables, datos de la Comisión Pastoral de la Tierra indican que entre 1989 y 2000, fueron encarcelados 1,898 trabajadores rurales, mientras que entre 1988 y 2001 fueron asesinados otros 1,517 (Souza, 1999).
En México, el 90% de un total de 520 acciones militares y de control -observadas entre 1998 y 1999- se concentraron en el sur del país, y sólo en Chiapas se calculaba que el ejército concentraba contra el zapatismo entre 50 y 60 mil efectivos (30% del total). En ese mismo período, de un total de 319 acciones armadas registradas, el 42% la realizaron los grupos paramilitares y/o civiles armados, mientras que 313 activistas sociales fueron asesinados (Ameglio y Fracchia, 1999). Todo ello contrastaba con el hecho de que si en 1990 se consignaba el 14.3% de las averiguaciones, en 1996 sólo se hacía en un 6%, la ineficiencia en la persecución del homicidio era de un 50% y en otros delitos de 80 y 90% (Alvarado, 1999, p. 3).
Entre 1990 y 1997, en Argentina, la probabilidad de condena de los delincuentes se redujo de 2.9 a 2.3, y en Buenos Aires tal caída fue de 5.9 a 3.9%. El 52% de la población de las principales ciudades dijo que la policía hacía mal su trabajo (Dammert, p. 13, 16). En Caracas otra encuesta reveló que el 81% de la gente consideraba la actuación de las policías entre regular y muy mala (Briceño et al, 1999, p. 340). Una encuesta más realizada en Caracas en 1997 reveló que el 86% de la población consideraba la eficacia de los juzgados entre regular, mala o muy mala. La desconfianza era tal que de manera sorprendente sólo un 33% de los heridos con arma blanca y el 14% de quienes lo habían sido con arma de fuego, presentaron su denuncia ante las autoridades respectivas (Briceño, 1997, p. 60). El resultado de todo esto se expresa en el hecho de que el 42% de los encuestados estaban de acuerdo en que la gente tiene derecho a hacerse justicia por mano propia. Es interesante notar que este porcentaje crecía en los barrios a 53% (Briceño et al, 1997, p. 209-210).
La ineficacia de la justicia genera que diversos sectores de la población se planteen la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Encuestas diversas indican que aproximadamente dos tercios de la población manifestaba su derecho a matar para defender a su familia en Caracas, Santiago de Chile, Bahía y San Salvador. El matar para defender la propiedad era aceptado en un 60% en Caracas, en un 49% en Santiago de Chile, y en un 40% en Bahía y en San Salvador. La “limpieza social” (exterminio de delincuentes, que implica el uso de los escuadrones de la muerte) era aceptada en un 20% en Caracas, y en un 16% en Bahía y en San Salvador (Briceño, et al, 1999, p.341).
Las ausencias estatales parecen ser resueltas de distinta manera según la clase o sector social que las viven. Las clases medias y altas han acudido a las empresas de seguridad privada para garantizar la seguridad de barrios y countries, mientras que un sector más bajo de las mismas usa la “vigilancia privada informal”, denominada guachimanismo en Venezuela (Aguilar, 1999, p.8; Romero, 2001). En diversas ciudades de América Latina, las noticias también dan cuenta de la organización autónoma de los vecinos de barrios populares para efectuar rondas nocturnas que los resguarden de la delincuencia. En el campo, una de las manifestaciones más importantes de la justicia por mano propia ha sido el linchamiento. En México, Guatemala, El Salvador, Haití, Brasil, Venezuela, entre otros países, el linchamiento es un suceso más o menos frecuente. En espacios abigarrados por la articulación de la diversidad étnica y la pobreza, el vacuum estatal parece acentuarse. La ilegitimidad estatal se combina con formas alternativas de legalidad (Vilas, 1999, p.5) o legalidad informal, códigos y valores comunitarios que son ajenos al Estado. Acaso sea ésta una de las explicaciones de por qué en México casi el 47% de los linchamientos observados entre 1987 y 1998 fueron en los estados de alta densidad indígena, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y que en Guatemala el 75% de los linchamientos fueron cometidos en el seno de las comunidades indígenas del país (IIJ/URL, 2000, p.6).
Un análisis comparado de la aestatalidad en los barrios miserables de Santiago de Chile y Río de Janeiro (Sperberger y Happe, 2001), muestra cómo la mayor presencia del Estado en servicios y seguridad (en Chile) origina que a diferencia de Santiago, los traficantes de drogas dominen barrios enteros en Río de Janeiro. Las favelas parecen ser aldeas cerradas y autosuficientes, las pandillas asumen el papel de policía, los favelados sienten más confianza hacia los miembros de las quadrilhas (bandas) que hacia la policía.
En síntesis, el neoliberalismo ha profundizado las deficiencias seculares de los Estados latinoamericanos y ha debilitado al Estado en ámbitos en los que el mayor gasto social del modelo desarrollista lo hacía tener presencia. Son estas ausencias en las cuales brotan las manifestaciones perversas de la rebelión: el crimen organizado y el crecimiento de la delincuencia común.

IV. Los ritmos y rasgos de la protesta popular
Obviamente la protesta popular ha mostrado en la región otro tipo de expresiones. Sin embargo, por alguna razón, no pocos estudios tienden a subestimar el rol de la sociedad civil, de las multitudes y de los levantamientos en los procesos políticos. Hace algunos años, un estudioso estadounidense hizo tal reproche a los que se dedicaban a estudiar las transiciones a la democracia (Munck, 1991). Ejemplo de este tipo de estudios es el libro de Julio Cotler y Romeo Grompone dedicado al ascenso y caída del fujimorato (Cotler y Rompone, 2000), pues el descontento social es sólo el telón de fondo y exceptuando una mención ocasional a la Marcha de los Cuatro Suyos (p. 62), la protesta popular parece como un lejano y sordo murmullo.
Sin embargo, el rol de la protesta y del movimiento popular en la caída del fujimorato no puede ser desdeñado. Desde 1992 se produjeron marchas, manifestaciones y paros de carácter regional, en los que se exigía la reinstalación de los gobiernos regionales disueltos por Fujimori. Ante los rigores del autoritarismo fujimorista y de su política neoliberal, estudiantes demandaron respeto a la autonomía universitaria mientras trabajadores de la construcción, de la salud y maestros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo. Trabajadores petroleros, portuarios y telefónicos realizaron ambiciosas campañas nacionales en contra de las privatizaciones que obligaron al régimen a restringir el derecho constitucional al referéndum (Pole y Rénique, 2001) .
Al retomar las tradiciones de lucha popular acumuladas a lo largo de todo el siglo, en julio de 1999 la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a la primera Marcha de los Cuatro Suyos; en agosto de ese año sucedieron nuevas protestas populares, y en enero de 2000, en el contexto del inicio de la campaña de Fujimori por un tercer mandato, sindicatos, confederaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, frentes regionales y partidos políticos de la oposición reunieron a 30 mil personas en el centro de Lima. En marzo del 2000 se realizó la segunda Jornada Nacional de Protesta y el Paro Cívico. En la noche del 6 de abril -cuando Fujimori fue reelecto-, una concentración de 50 mil personas dio inicio a tres días de las más grandes manifestaciones que se habían visto en contra del régimen. El ascenso de la rebelión tuvo un punto culminante en la segunda Marcha de los Cuatro Suyos, en vísperas de la tercera asunción de Fujimori, en julio de 2000. La noche anterior a la inauguración del tercer mandato, una gran marcha reunió en las calles de Lima a unas 100 mil personas. En noviembre, habiendo salido ya Fujimori de Perú, se realizó exitosamente otra Jornada Nacional de Protesta seguida por una huelga campesina de 72 horas. Cuando Fujimori envió su renuncia desde Tokio, las organizaciones populares ya habían anunciado una huelga general que habría de iniciarse el 25 de noviembre. (ibid.,).
Lo sucedido en Perú es uno de los momentos culminantes de la multitud en la historia reciente de América Latina. El primero de ellos parece ser el carachazo, del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el anuncio de las medidas de austeridad económica inició lo que se ha llamado un ciclo u ola de protesta popular o social (López Maya; Salamanca, 1999). La rebelión que comenzó en Caracas pronto se extendió a otras ocho ciudades del interior del país, donde la población saqueó centros y establecimientos comerciales, construyó barricadas, cerró calles, quemó transportes colectivos, autos y neumáticos, y creó con ello un caos que sólo pudo ser contenido por un despliegue represivo, el cual en una semana, según cifras oficiales, mató a 300 personas (López Maya, op. cit., p. 220). Pero tal contención no minó el clima de la rebelión en los años siguientes. Si en el período de 1989-90 se observaron 675 actos de protesta popular, tal cifra fue elevándose cada año hasta llegar a 1,096 en 1993-94, para declinar luego a 561, 534 y 550 entre 1994 y 1997. Al menos hasta 1994, los cierres de calles, las tomas de establecimientos y las marchas fueron las expresiones de lucha más observadas (López Maya, op. cit, p. 223; Salamanca, op. cit., p. 245).
Otro momento notable en la historia de las luchas populares de la América Latina de los últimos años es el proceso desencadenado con el alzamiento zapatista de enero de 1994, en Chiapas. Acaso la clave del gran éxito del movimiento zapatista en el segundo lustro de la última década del siglo XX fue haberse reconvertido aceleradamente de una guerrilla que buscaba el poder en un vasto movimiento social de gran convocatoria. Puede decirse sin temor a equivocaciones que no ha habido guerrilla más exitosa en América Latina (lo que incluye a las FARC de Colombia con sus 20 mil efectivos y 60 frentes en todo el país), porque habiendo realizado una precaria guerra de guerrillas de doce días tuvo efectos políticos de gran envergadura.
Como sucedió en Venezuela, el alzamiento zapatista desencadenó un ciclo de protesta popular. Dos autores (Ameglio y Frachia, 1999, p.73-79) registraron -entre 1994 y 1999- más de 82 mil acciones de lucha social (cartas, plantones, denuncias, bloqueos, boicots, marchas, enfrentamientos armados). Los datos de los autores permiten determinar que el número de acciones de lucha social contra el gobierno mexicano se elevó a 6,742 hechos durante 1994. En 1995 y 1996, tales hechos ascenderían aproximadamente a 12,140 y 12,221, lo que implicaría un crecimiento de 100% en relación al año del levantamiento zapatista. La efervescencia popular disminuiría en un 20% en 1997 (9,818) y seguiría descendiendo hasta llegar en 1999 a los niveles de 1994 (6,345).
El tercer momento cumbre de las luchas sociales más recientes en América Latina indudablemente es el Argentinazo, como coloquialmente se denominan los levantamientos populares sucedidos en Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001. Es demasiado pronto todavía para saber si este alzamiento generará un ciclo de protestas populares de mayor envergadura. Pero sí se puede decir que dicho levantamiento es culminación de un ciclo acumulativo de extraordinarias experiencias de luchas populares contra las medidas de austeridad económica preconizadas por el neoliberalismo. Algunos autores (Laufer y Spiguel, 1999; Iñigo y Cotarelo, 1999) consideran que un ciclo de protesta popular comenzó a partir de la pueblada de Santiago del Estero el 16 de diciembre de 1993. Pero otro autor (Federico Schuster) ha hecho un recuento de protestas que arrancan en 1989, en coincidencia con el inicio de la implantación franca del neoliberalismo en el país (Scribano, 1999, p.50; Laufer y Spiguel, 1999, p. 15).
Entre 1989 y 1996 se registraron 1,734 protestas, de las cuales el 51% tenía una matriz sindical (ibid.,). Entre 1989 y 1990 comenzaron a aparecer los saqueos; éstos culminarían con el motín de Santiago del Estero, en 1993, y abrirían paso a un ascenso de las manifestaciones de protesta callejera, que tendrían otros dos momentos climáticos en las puebladas de Cutral Co, Plaza Hincul (Neuquen) y Libertador General San Martín (Jujuy). Entre 1992 y 1999 se observaron nueve huelgas por rama a nivel nacional, generales a nivel provincial y generales a nivel nacional. En 1996 comenzaron a cobrar relevancia los cortes de ruta y aparecieron los piqueteros (grupos pequeños constituidos generalmente por desempleados) como principales protagonistas de dichos cortes.
Es importante destacar que los cortes de ruta, una de las formas de lucha más importantes de los últimos años en Argentina, se realizaron en aquellas provincias y ciudades del país en las que el nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el déficit ocupacional y la desocupación eran significativos. La desocupación iba desde un 12.5% en Neuquen y Plottier hasta un 26.8% en Gran Rosario, y pasaba por un 17 y 19% en el Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata y Batán, Gran Cordova, Jujuy y Palpalá, Bahía Blanca, Santa Fe y Santo Tomé. Las poblaciones con mayor número de cortes de ruta fueron también ciudades donde el NBI alcanzaba porcentajes notables (entre el 25 y 48%): Cruz del Eje, Belén, Orán y Monteros. También fueron lugares en donde se observaron reducción en la participación electoral, mayor polarización social y privatizaciones de empresas públicas (Iñigo y Cotrelo, 1999; Scribano, 1999, 53-55).
El Argentinazo de diciembre de 2001 resulta notable, no sólo por tratarse del clímax de las luchas de obreros en activo y despedidos, empleados públicos despedidos, sectores populares afectados por las alzas de precios, contenciones salariales y privatizaciones, jubilados reducidos en su calidad de vida, sino porque después de años de una hegemonía política sustentada en el control de la inflación y la paridad con el dólar (Bonet, 2002), las clases medias se unieron a la protesta con motivo de la retención de sus ahorros (el Corralito). Esa alianza circunstancial de distintos sectores populares (piqueteros y caceroleros) en una pueblada de nivel nacional -independientemente de las provocaciones que haya montado el menemismo-, convirtió la creciente crisis económica en una significativa ingobernabilidad y en una afirmación de lo popular después de décadas de haber sido desmantelado éste, en el contexto de la guerra sucia observada entre 1976 y 1982.
En Guatemala, la guerra sucia destruyó o debilitó el tejido social de la resistencia antineoliberal. En la década de los setenta se desarrolló un notable movimiento popular articulado en torno a lo sindical sin el cual resulta inexplicable el alzamiento guerrillero posterior. Cuando las medidas neoliberales se empezaron a implantar en el país, tal movimiento había sido desarticulado mediante el terrorismo de Estado más cruento de América Latina. Los años noventa observaron un crecimiento del movimiento de los pueblos indígenas y de los derechos humanos, mientras el movimiento sindical no se recuperaba del descabezamiento observado años atrás (Figueroa Ibarra, 1999).
En Colombia, las medidas precursoras del neoliberalismo ensayadas durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1977) provocaron el Paro Cívico Nacional de 1977. Éste inició un ciclo de protesta popular que tendría en 1978 su momento climático, por el número de huelguistas (el mayor de dicha década) y por el número de paros cívicos, el mayor registrado entre 1958 y 1981. Sin embargo, en la década de los ochenta, pese a las medidas de carácter neoliberal que empezó a tomar el gobierno de Belisario Betancur, probablemente debido a la escalada de violencia, la protesta popular no adquirió los nivles de 1977 y 1978. Aún así, pese a la ausencia de paros cívicos -como los observados entre 1977 y 1978- en el quinquenio 1981-1985 el número de huelguistas para cada año estuvo entre los 700 y casi 900 mil. Entre 1988 y 1991, se observó otro repunte huelguístico que involucró anualmente entre 900 mil y más de un millón de huelguistas, para decrecer en un 50% en los años siguientes (Medina, 1999, pp.113-114, 123).
Así pues, desde los albores del neoliberalismo, sus rigores provocaron todo tipo de actos de resistencia. Los contextos y causas desencadenantes fueron diversos en los países de la región. En México, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay es evidente que el neoliberalismo desmanteló beneficios sociales y calidad de vida propios de la versión latinoamericana del Estado benefactor. El anuncio de medidas de austeridad y encarecimiento de la vida, por un presidente que como candidato había ofrecido lo contrario, precipitó el Caracazo en Venezuela y el inicio de las puebladas en Argentina. La confiscación temporal de cuentas bancarias desencadenó el Argentinazo de 2001. El anuncio de que Fujimori se reelegiría por tercera vez inició el ascenso de la protesta popular en Perú. La reforma del artículo 27 de la Constitución, que daba por finalizado el reparto agrario y permitía la venta y la renta del ejido, fue uno de los hechos que alentaron la rebelión zapatista en Chiapas, en 1994 (Stahler-Sholk, 2001).
Dos autores, Walton y Shefner, constataron que entre 1976 y 1989 se observaron en la región 80 campañas de protesta contra la austeridad (Almeida, 2001, p. 1). En el período comprendido entre 1996 hasta agosto de 2001, la revisión de algunos diarios latinoamericanos y estadounidenses dio cuenta de 281 campañas y 969 protestas en toda la región (ibid.,). Las proporciones de tales campañas tuvieron un comportamiento oscilatorio con cúspides que significativamente son cada vez más grandes que la anterior: en 1997, 1999 y 2000. De igual manera, el epicentro de las protestas pasó de Perú, Argentina, República Dominicana, Brasil, Bolivia y Venezuela, en los ochenta y principios de los noventa, hacia Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre 1996 y 2001 (Almeida, op. cit., pp. 5-6).
Ciertamente nuevos actores y nuevas expresiones de lucha han surgido en todo este proceso. El desmantelamiento de industrias y el decaimiento de productos de primoexportación ha desaparecido antiguos sujetos. El mercado del narcotráfico ha hecho surgir a otros. En Bolivia, en el Chapare, la población pasó de 5 mil a 35 mil familias y a 200 mil personas, en veinte años, que viven de la producción y comercialización de la coca. El incremento poblacional se nutrió de los masivos despidos en las minas -los legendarios mineros bolivianos prácticamente han desaparecido-, de la población campesina expulsada por las sequías en las altas mesetas en Los Andes, y de los contingentes de desocupados que las ciudades expulsaron. Esta multitud abigarrada ha constituido a los cocaleros, que han sido en los noventa uno de los ejes del movimiento popular boliviano (Gironda, 2001, p. 393-396). Los cocaleros del Putumayo, Guaviare y de la Baja Bota Caucana, en Colombia, han encabezado un fuerte movimiento para que los reconozcan como movimiento social y no como simples delincuentes (Ramírez, 2001b). Surgido de tradiciones de lucha campesina desde los años setenta del siglo XX, nutrido con exobreros industriales que perdieron su trabajo y de marginales residentes en las periferias urbanas, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), se convirtió en los noventa en la parcela más conocida e influyente del movimiento social brasileño (Souza, 1999). En el Ecuador, las distintas etnias agrupadas en el Consejo Nacional Indígena (CONAI), se convirtieron en los últimos años del siglo XX en el epicentro en una poderosa fuerza social que tuvo que ser tomada en cuenta para restablecer la gobernabilidad. A partir del segundo lustro de los ochenta, como ya se ha dicho, el movimiento étnico resultó ser la gran novedad en Guatemala, como también sucedió con los mapuches en Chile.
Exobreros y exmineros convertidos en luchadores agrarios, trabajadores rurales y marginales urbanos con demandas campesinas, burócratas, estudiantes, pueblos indígenas, desempleados, ambientalistas, mujeres: tales son algunos sujetos del abigarrado movimiento de protesta social en América Latina. Las formas de expresión de la protesta incluyen también novedades además de los ya antiguos cacerolazos: marchas a caballo y con machetes que evocan al imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos públicos, perforaciones de piel y extracciones de sangre, ollas populares, marchas del silencio, apagones, bocinazos, misas procesiones y rezos, marchas carnavalescas, todas ellas manifestaciones lúdicas que se alternan con el drama de los motines, rebeliones, cortes de ruta, huelgas y la represión del Estado que le suceden. En medio de todo, esta diferenciación, drama y manifestaciones lúdicas, los obreros parecen seguir jugando un papel significativo. Entre las 281 campañas de protesta contra la austeridad observadas entre 1996 y 2001, el sujeto más activo fue la clase obrera con su participación en el 56% de dichas campañas (Almeida, 2001).
La abigarrada composición, su desigual nivel de propuesta política alternativa y la rebelión popular han tenido igualmente un desigual efecto político y social en las distintas sociedades en las que se han observado. El alzamiento zapatista en Chiapas tuvo entre sus consecuencias un nivel de dotación de tierras sin precedentes en una región en la que la reforma agraria se había escamoteado o aplicado con morosidad: en 1994 las organizaciones campesinas tomaron 698 predios de entre 2 y 33 hectáreas y entre 1995 y 1996 las autoridades agrarias tuvieron que entregar más de 250 mil hectáreas invadidas a través de la indemnización de sus antiguos propietarios. Los efectos del alzamiento zapatista también cambiaron la geografía electoral a nivel municipal en las regiones aledañas al levantamiento, y pese a que después el zapatismo pregonó el abstencionismo electoral, lo que facilitó al partido gobernante (PRI-Partido Revolucionario Institucional) retomar el control, lo hizo con un número de votos cada vez más reducido (París, 2001). En Brasil, los efectos del crecimiento del MST también son impresionantes. Entre 1974 y 1984 el país observó 115 asentamientos, mientras que entre 1985 y 1989 tal cifra se elevó a 615, para disminuir a 478 en el quinquenio siguiente, y subir a 2,750 entre 1995 y 1999, para totalizar casi 4 mil asentamientos rurales en el período (Fernández, 1999; Souza 1999).
Si bien el proceso de constitución programática de los movimientos populares en América Latina es incompleta, no pueden desdeñarse sus impactos políticos. En Venezuela, el Caracazo abrió un ciclo de protesta popular que puso en crisis terminal al sistema de partidos políticos y a la institucionalidad acordada en el Pacto de Punto Fijo de 1959, además de abrirle el paso al fenómeno del chavismo. En Ecuador, el movimiento de los pueblos indígenas interrumpió un período presidencial y generó una crisis de gobernabilidad que obligó a la Casa Blanca a intervenir para frenar un proceso de consecuencias impredecibles. En Perú, fue un factor sustancial en el fin del fujimorato. En Argentina, la creciente protesta popular desde 1993 precipitó la primera caída del arquitecto del neoliberalismo, Domingo Cavallo, en 1996, terminó con la presidencia de De la Rúa y de Rodríguez Saa y ha generado un proceso en el cual la legitimidad de la mayoría de los partidos políticos y del Estado se encuentra en entredicho. En México, el zapatismo marcó el principio del fin de la hegemonía del salinato y junto a la oposición de izquierda y de derecha fue un factor sin el cual no se explica la conclusión de las siete décadas de hegemonía priísta.

V. Conclusiones
Cabe iniciar la parte final de este trabajo planteando que las esperanzas puestas a fines de los años setenta en la democracia representativa, como “forma óptima de la dominación burguesa” en América Latina, no se vieron cumplidas. En un mundo globalizado en el cual la soberanía es redefinida incluso en los países centrales, la reivindicación de la nación, que las políticas económicas de las dictaduras militares habían desvirtuado, no se observó. Más aún, al profundizar las políticas económicas neoliberales, las democracias representativas surgidas en la región profundizaron su desmantelamiento.
El balance de la restauración de la ciudadanía en el contexto de los regímenes posdictatoriales, también es magro. El surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que se visten de democracia, la persistencia de la represión política, sobre todo, en los momentos de rebelión, la existencia de poderes invisibles (narcotráfico y resabios de la guerra sucia), las institucionalidades informales que desvirtúan a las formales, la intensificación de las ausencias estatales merced al neoliberalismo, el surgimiento de poderes y actos de justicia informales en campos y ciudades, el crecimiento desenfrenado de la pobreza urbana y rural, el incremento del crimen organizado y la delincuencia común en los cascos urbanos, el énfasis en el recurso punitivo para frenar la delincuencia, la demanda de significativos sectores sociales para que los derechos ciudadanos se maticen en el caso de los delincuentes, son todos factores de violencia y desciudadanización para la mayor parte de la población en América Latina.
Ciertamente, como hemos intentado demostrar en este trabajo, lo popular es un hecho crecientemente significativo en la región. Pero esta presencia creciente no necesariamente se da en un juego de interlocución que provee al Estado de insumos para negociar la satisfacción de la “justicia sustantiva”. Más bien lo popular está surgiendo en América Latina en el contexto de un creciente y contradictorio espíritu antiestatal y antipartidos políticos y en el marco de crecientes dificultades del Estado para resolver las demandas sociales.
Es imprescindible mencionar la novedad de la protesta popular en América Latina en cuanto a sujetos y formas de lucha. Pero como justamente ha sido señalado (Poole y Renique, 2001), también resulta imprescindible no exagerarla. Detrás de las grandes movilizaciones populares en Perú que culminaron con la caída de Fujimori, se encuentra la recuperación de una larga trayectoria de la izquierda peruana que arranca desde los años veinte (ibid.,). Las grandes marchas cocaleras en Bolivia se nutren de la vigorosa experiencia sindical y de lucha de los ya prácticamente desaparecidos mineros, lo que se expresa en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Las asambleas populares, la revocabilidad, el rendimiento de cuentas, formas de democracia directa y organización de los piqueteros en Argentina, proviene de las mejores tradiciones del movimiento obrero (Laufer y Spiguel, 1999, pp. 33-36). Detrás del MST en Brasil, se encuentran la acumulación de la memoria de las luchas campesinas, metalúrgicas y de las comunidades eclesiales de base, y no es una casualidad que los referenciales político-ideológicos e íconos de dicho movimiento sean Ernesto Che Guevara, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Lenin y Marx (Souza, 1999).
Aun en medio de grandes rupturas con el pasado, no es posible negar matrices y raíces de ciertos movimientos sociales. El zapatismo es el resultado de un movimiento guerrillero que nació recuperando las tradiciones y líneas ideológicas de las insurgencias de los años sesenta y setenta (Tello, 2000). La eclosión del movimiento étnico en Guatemala a partir de los noventa, resulta inexplicable sin la labor organizativa de las organizaciones revolucionarias o insurgentes iniciada en la segunda mitad del siglo XX y sin la gran rebelión campesina que dichas organizaciones encabezaron entre 1979 y 1981.
Concluimos pues que la continuidad en lo popular, en medio de sus novedades, es un reflejo de la persistencia de los grandes conflictos políticos y sociales de la región que se observan pese a los cambios políticos. La institucionalidad posdictatorial en América Latina está en crisis, porque la democracia política que sucedió a las dictaduras no ha podido resolver lo popular.
Y seguirá observando trances semejantes a los que estamos observando mientras este hecho no tenga una resolución sustancial.

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