Armas de Fuego y Violencia
8 abril 2003
www.violenciaelsalvador.org.sv

La presente investigación ha tenido como objetivo estudiar la dinámica y el impacto de las armas de fuego en la violencia que abate a la sociedad salvadoreña. Los resultados ofrecen información que contribuye a orientar las políticas y las acciones para reducir y controlar las armas de fuego y su impacto sobre la violencia en El Salvador. Para ello, se parte del hecho de que aunque no constituyen el factor más importante de la violencia, las armas sí juegan un papel fundamental en la prevalencia, en la magnitud y en la letalidad de la misma. El estudio se realizó intentando examinar los factores más relevantes que intervienen en esa dinámica, desde las causas que llevan a que la gente quiera armarse hasta los factores que intervienen en la manera en que la gente utiliza las armas de fuego.

La investigación fue realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con la estrecha colaboración de la División de Estadísticas de la Policía Nacional Civil. La investigación se enmarca dentro del Programa Hacia la Construcción de una Sociedad sin Violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En primer lugar, se recogieron los informes de estadísticas de la violencia que están disponibles a través de las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia en el país. En segundo lugar, se procesaron los expedientes de novedades delincuenciales que lleva la PNC para el año 2000; se ingresaron todos los delitos reportados a la PNC en los que medió violencia (más los hurtos) en una base informática que permite analizar el uso de las armas de fuego en esos casos; la base de datos en cuestión registró más de 57 mil casos. Además, se hizo uso también de la base de datos informática elaborada por la Policía Nacional Civil para el año 2001, esta base, con casi 80 mil casos permitió también obtener información valiosa sobre la utilización de las armas de fuego en todos los delitos ocurridos en ese año y registrados por la PNC. En tercer lugar, se llevó a cabo una encuesta nacional para recoger las opiniones de los ciudadanos sobre la utilización de las armas de fuego y para medir las experiencias de victimización por violencia provocada por las mismas.

La encuesta, que tuvo una muestra de más de 2,400 adultos, permitió aproximarse a la idea fundamental de cómo los salvadoreños conciben las armas de fuego. En cuarto lugar, se condujeron una serie de entrevistas con funcionarios públicos, empresarios y generadores de opinión pública con el propósito de entender cómo funcionan los sistemas de regulación y de control de armas de fuego en el país. En quinto lugar, se realizaron varios grupos focales con representantes de la Policía Nacional Civil, comerciantes legales de armas y ciudadanos que tienen armas, con el propósito de recoger sus opiniones sobre el rol que juegan éstas en la violencia y el desempeño de las instituciones en el control de las mismas. Finalmente, también se desarrolló la técnica de los puntos centinelas en las salas de emergencia de dos hospitales del Área Metropolitana de San Salvador. A continuación se destacan los principales hallazgos del estudio.

Las armas de fuego constituyen un elemento desestabilizador en la sociedad salvadoreña por tres grandes razones. En primer lugar, porque no existen suficientes controles estatales efectivos sobre el volumen total de armas circulantes; en segundo lugar porque las instituciones nacionales no han podido evitar aún el fuerte tráfico de armas ilegales en el país; y, finalmente algo que es muy cotidiano, por el frecuente uso de armas (legales e ilegales) en actividades delincuenciales de todo tipo.

Sobre la base de proyecciones de encuestas se calcula, que hay más de 450 mil armas en manos de civiles en El Salvador. Eso significa que al menos una de cada cuatro personas tiene un arma de fuego en su poder. Un poco más del 60 por ciento de las armas que circulan en el país, lo hacen de manera ilegal. Es decir, las autoridades aún no tienen conocimiento, registro ni control sobre la presencia de ellas en manos de civiles. Alrededor de 175 mil armas se encuentran debidamente registradas o cuentan con el permiso de las autoridades.



La fuerte presencia de armas en manos de civiles en el país se explica por una conjunción de causas: en primer lugar, por los remanentes de los arsenales utilizados en la guerra que llegaron a manos de civiles; en segundo lugar, por un fuerte comercio legal e ilegal de armas que se facilitó luego de la posguerra; en tercer lugar, por la falta de suficientes controles efectivos y estrictos a la importación de armas en años recientes; en cuarto lugar, por la aún débil acción de las instituciones nacionales relacionadas con su regulación, comercio, control y fiscalización; finalmente, por la existencia de una ética social de la violencia entre amplios sectores de la población, la cual privilegia el uso personal de la violencia como forma de enfrentar las amenazas.

Marco regulatario
La ley de armas aprobada en 1999 constituye la ley más elaborada sobre el tema en la historia de El Salvador. Sin embargo, la misma tiene vacíos que dejan abiertas las posibilidades para que las armas puedan llegar en manos de quienes las desean usar para propósitos criminales. Los decretos transitorios aprobados por la Asamblea Legislativa con el fin de permitir la matrícula de armas sin comprobante de compra legal y hacer que todas las armas estuvieran en manos de las autoridades, estimularon el contrabando y el comercio ilegal de armas en el país y, muy posiblemente, en la región.

La forma en que las armas ingresan al país por procedimientos de importación legal sigue dejando vacíos y procedimientos vulnerables que permiten que las armas estén constantemente expuestas a su robo y desaparición durante los mismos procesos aduaneros.

Muchos de los requisitos para la matrícula y las licencias de tenencia y de portación de armas se cumplen todavía sólo de manera irregular e insuficiente. Al momento de terminar este informe, no parecen haber garantías de que en la práctica tales filtros serán utilizados como lo indican los propósitos de la ley, de manera tal que eviten que las armas lleguen a las personas que quieren usarlas con intenciones criminales.

Algunos de los mecanismos para aumentar el control de armas en el país y para la investigación y prevención del delito, como la prueba balística, son inoperantes, pues a pesar de que la prueba balística se cumple en la gran mayoría de los casos, las instituciones no tienen la capacidad técnica y humana de hacer uso de tal recurso para resolver los crímenes ni para prevenir otros. Los esfuerzos de control de armas no logran, por tanto, integrarse a la cadena de combate a la impunidad en El Salvador.

El estudio encontró que todavía subsisten serios problemas de coordinación entre las instituciones encargadas del control y regulación de armas de fuego. Aunque se han hecho esfuerzos importantes por mejorar la coordinación, los problemas mayores radican en las dificultades para compartir información, en la existencia de áreas de trabajo que no parecen estar claras para los funcionarios y en la ausencia de recursos tecnológicos y humanos para optimizar el trabajo coordinado de control, regulación, supervisión y penalización del uso ilegal de armas.

Las armas son vistas por un segmento importante de la población, aunque no mayoritario, como el instrumento adecuado para la defensa personal. Sin embargo, los análisis permiten decir que esa forma de respuesta constituye una “normalización” del uso de la violencia como forma de resolver conflictos y de autodefensa. Un poco más del 40 por ciento de la población, sobre todo los hombres y los campesinos, desearían tener armas de fuego con propósitos de defensa personal y protección.

Armas y violencia

La afición por las armas por parte de un sector muy importante de la gente es producto, en buena parte, de unas condiciones históricas de socialización y de cultura que han permitido ver en ellas un instrumento normal de la cotidianeidad salvadoreña. Las armas son un componente importante de una especie de ética social de la violencia. Las condiciones más importantes que explican la probabilidad de que una persona tenga armas son ser hombre, vivir en la zona rural, haber sido víctima de un hecho delincuencial recientemente, poseer sentimientos de inseguridad, mirar las noticias en la televisión y, sobre todo, pensar que la violencia es justificable como forma de defensa y como modo legítimo de mantener el orden y el control social.

Más del 65 por ciento de los homicidios que se han cometido en el país en los últimos años, se han llevado a cabo con armas de fuego y cerca del 70 por ciento de los asaltos y robos a mano armada que reporta la Policía Nacional Civil se han cometido utilizando armas de fuego. El 50 por ciento de los delitos que se cometen con armas de fuego en el país se han cometido con armas de fuego registradas por las autoridades. Eso significa una proporción mayor de este tipo de armas en la comisión de delitos en comparación con su distribución en manos de civiles.

La utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona en comparación con otros tipos de armas. Esto es válido tanto por parte de las víctimas y de los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en relación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada, murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto. De todas las veces que se usaron las armas para defenderse durante el año 2000, en más del 65 por ciento de los casos, la víctima resultó herida o muerta por esa acción; mientras que sólo en el 33 por ciento de los casos la víctima salió ilesa. Los registros de novedades de la PNC muestra que la utilización de armas como instrumento de defensa, por lo general, llevó con más frecuencia a la afectación física de la víctima (herida o muerta) que a la afectación del propio agresor.

La mayoría de víctimas del uso de las armas de fuego son hombres jóvenes que, a la sazón, suelen ser los que prefieren el uso de ese tipo de instrumentos.

El estudio concluye haciendo una serie de recomendaciones específicas en varias áreas en función de tres ámbitos de acción: reducción de la oferta de armas, disminución de la demanda de armas, mejoramiento del control y la fiscalización de las armas. En el tema de la reducción de la oferta, las recomendaciones se concentran en el ámbito legislativo. Por su parte, para disminuir la demanda de armas, las recomendaciones incluyen varias cosas. La implementación de campañas públicas regulares de concientización, las cuales involucrarían a diversas agencias de la sociedad y en especial a la PNC como socio estratégico.

Así como, en el área de la educación, la necesidad de incorporar contenidos en contra de la violencia en la currícula; y entre otras recomendaciones la elevación del precio y de los impuestos a las armas de fuego. Por último, en el tema del mejoramiento de los mecanismos de control de las armas de fuego, se propone la modificación de los marcos regulatorios para hacer más fácil la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las instituciones vinculadas con el tema en áreas específicas.

El estudio hace énfasis en un abordaje integral del problema de las armas de fuego y establece la necesidad de contar con metas prácticas que puedan ser alcanzadas gradualmente en un proceso general que busca disminuir la circulación de armas de fuego en manos de civiles en El Salvador.



El informe completo está cargado en la web del Programa www.violenciaelsalvador.org.sv


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