violencia

Año: 26, Abril 1984 No. 555
N. D.
El presente
artículo es la reproducción de la intervención del Señor De Sola
en
el
Foro de Reforma Agraria que organizó el CEES, el pasado 28 de Febrero.
Orlando De Sola es agricultor y ex-presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador.
TIERRA, SOCIALISMO Y VIOLENCIA EN EL
SALVADOR
Orlando De Sola
La Reforma Agraria no es nada nuevo para
los
salvadoreños. Venimos oyendo hablar de ese mismo tema desde los inicios
del
Partido Comunista en El Salvador, en la década 1920, cuando nuestro país
tenía
una población mucho menor y nuestro territorio era prácticamente
el
mismo.
Ya
desde entonces se hablaba de una supuesta presión
hombre-tierra
que podría
desembocar en la violencia, si no se tomaban
las medidas
necesarias.
En 1931,
el candidato del Partido Laborista
Salvadoreño
prometió el reparto de tierra. El
resultado fue que, en
Enero de 1932,
grupos de indígenas soliviantados por
agentes del
Comintern y encabezados
por Farabundo Martí decidieron tomarse las
tierras por la fuerza, y también
los poblados, a escasos dos meses de la
caída
del régimen laborista de
Araujo. Lo substituyó el Vicepresidente,
General
Maximiliano Hernández
Martínez.
El régimen de Hernández
Martínez, que duró de
1932 hasta 1944,
o sea exactamente lo que duró el
régimen de Roosevelt, en
Estados Unidos,
cuyas iniciales, por cierto,
coinciden con las siglas de nuestro
actual
agresor, el Frente
Democrático Revolucionario, FDR.
Martínez creó, por
primera vez en El
Salvador, mecanismos estatales para vender tierras
baratas,
instaurando
una especie de reforma agraria que llamaron
Mejoramiento Social.
Pero
dicho programa era totalmente distinto a lo que
ahora conocemos, por que
las tierras no fueron confiscadas a sus legítimos
dueños, sino compradas
a
precios de mercado, para ser vendidas a los
interesados, quienes
resultaron ser
mucho menos de lo que se creía, y que
terminaron, en su
mayoría, abandonando o
vendiendo las parcelas
adquiridas.
En esta
forma, el gobierno se hizo de
grandes propiedades,
como Zapotitlán,
Atiocoyo, Cuyagualo, Metalío, California,
Obrajuelo y otras
que por
falta de interesados no alcanzó a vender y continúan
en manos del
estado, llegando a sumar más de cien mil manzanas.
Muchos de los
pequeños
lotes que fueron adquiridos al principio del programa se fueron
convirtiendo, con el tiempo, en empresas agrícolas de regular tamaño, al
haber
sido adquiridas por personas con verdadera vocación agrícola,
negando
la tesis
que sólo lo pequeño es bueno y asegurando el dicho que
no toda la
gente que vive
en el campo es, por fuerza, buen agricultor.
En 1950,
cuando tomó posesión el
Presidente Osorio, Mejoramiento
Social se convirtió
en dos ramas: el Instituto
de Colonización Rural,
lCR, y el Instituto de
Vivienda Urbana, IVU, los cuales
siguieron la
misma política iniciada por
Martínez. Entonces se demostró, por
segunda
vez, que la necesidad básica del
campesino no era la tenencia de la
tierra. Y así, por falta de compradores,
continuaron en manos del lCR
más de
ochenta mil manzanas de tierras
adquiridas por el estado.
A
finales de la
década sesenta, con dinero de
la AID, de Estados Unidos, y
con el apoyo de la
conocida organización
sindical norteamericana,
AFL-CIO, el gobierno de Sánchez
Hernández colaboró
en la formación de la
Unión Comunal Salvadoreña, UCS, una de
las
organizaciones campesinas del
presente, que guarda estrechos nexos con el
proceso de reforma agraria en El
Salvador. La UCS es uno de los miembros de
la
Unión Popular Democrática,
organización de masa que se acaba de definir
como
socio del Partido
Comunitarista, conocido también como Partido
Demócrata
Cristiano en El
Salvador.
En la misma época en que se formó la
UCS surgieron
también
otras organizaciones de fachada campesina como la
FECCAS y la UTC,
creadas y manipuladas por los jesuitas de la Universidad
Centro
Americana, para
convertirlas eventualmente en elementos del
terrorista
Bloque Popular
Revolucionario, que hostigó al pueblo salvadoreño
entre
1977 y 78, para luego
convertirse en el FDR.
En 1970 el gobierno de
Sánchez Hernández anunció el
Primer Congreso de Reforma Agraria,
auspiciado
para arrebatar la bandera
reforma-agrarista a la Unión
Nacional Opositora,
integrada por la Democracia
Cristiana, el MNR de la
Internacional Socialista
y el UDN, que es la fachada del
Partido
Comunista en El Salvador.
Dicho
congreso se organizó de una manera
«pluralista». La empresa privada, cuyo
vigor agrario ya había comenzado
a
declinar, se organizó alrededor de la
Asociación Nacional de la
Empresa Privada,
ANEP, organismo controlado por
los comerciantes e
industriales de moda. También
fueron invitados al
congreso los
sindicatos, incluyendo a FECCAS-UTC y la Unión
Comunal
Salvadoreña, ya
auspiciada por la AID y el AFLCIO; las universidades,
que
entonces eran
sólo la Nacional y la UCA (ambas de orientación izquierdista);
los partidos
políticos y, por supuesto, la iglesia católica.
Nos reunimos
todos, unos
tres cientos representantes, en el salón azul de la Asamblea
Legislativa.
Después de las formalidades del caso, hubo una moción por parte
de
Roberto Lara Velado, un diputado de la Democracia Cristiana ahora
destacado en
el FDR, quien propuso convertir en legislación de la
República
todas las
conclusiones y resoluciones del congreso de reforma
agraria. Esto,
lógicamente,
fue opuesto por un gran número de
representantes. Pero la
moción del diputado
Lara Velado y sus
correligionarios fue puesta a votación
del pleno, resultando
en una
derrota para los comunitaristas, quienes
alegaron inútilmente que no
habían podido inscribir a todos sus
representantes y albergando la
malévola idea
de incluir a un gran número de
correligionarios que se
encontraban como
observadores en la barra. El
resultado de esta burda
maniobra, apoyada por los
sindicatos, las
universidades y la iglesia,
fue que todos los representantes de
la empresa
privada abandonamos el
congreso permanentemente en señal de
protesta.
Hubo un integrante del
sector empresarial que decidió quedarse
por
su propia cuenta, alegando
que era mejor estar dentro «para poder
influenciarlos». Pero ni siquiera su
prestigiosa figura fue capaz de
reorientar
las resoluciones que, como
era de esperarse, pedían la urgente
implementación de
la reforma
agraria, para aliviar los agravios de «más de
cuatro siglos de
explotación», tal como lo aseguró con vehemencia el
reverendo Ricardo
Urioste,
representante de la iglesia.
El fiasco
demagógico de 1970
comenzó a rendir
frutos en 1972, cuando el Ministro de
Agricultura,
Enrique Alvarez Córdova, de
ingrata recordación por su
enfermiza
mentalidad y por su militancia en el
criminal FDR, dispuso
implementar
los Distritos de Avenamiento y Riego: una
especie de Reforma
Agraria.
Basándose en una advenediza ley que ellos mismos
crearon para la
ocasión y contando con el apoyo político del gobierno de Estados
Unidos
y
con el dinero de AID, se dispusieron a limitar la tenencia de la tierra
y la
libertad de cultivo en dichos distritos. A pesar de las fuertes
cantidades
invertidas, los proyectos de riego de Atiocoyo y Zapotitlán
fracasaron por
el
pésimo diseño de los canales de drenaje, que bajaron
en más de dos metros
el
manto acuífero, antes casi a flor de tierra y
sin costo alguno. Como
resultado,
El Salvador se convirtió en gran
importador de
hortalizas.
Mientras tanto
había comenzado el
terrorismo urbano,
contradiciendo la tesis de que las
reformas sirven
para aplacar la agresión
socialista. Pocos meses después del
Primer
Congreso de Reforma Agraria
ocurrió el primer secuestro y asesinato de la
década del terror, ejecutado
por la Juventud Demócrata Cristiana que
entonces
operaba dentro de la
Universidad Nacional y seguido por una
larga serie de
crímenes terroristas
que todavía no terminan.
Los
distritos de riego de
Alvarez Córdova se
fueron desprestigiando por su
elevadísimo costo, muy por
encima de lo
presupuestado. Y sobre todo por
su ineficacia. Pero los tercos de
la reforma
agraria, tanto en El
Salvador como en Estados Unidos, no se dieron
por
vencidos. En 1976, a
finales del periodo del Presidente Molina, los
demagogos de siempre, sin
excluir a Alvarez Córdova, dispusieron intentar
otra
reforma agraria,
comenzando esta vez por una zona que llamaron Primer
Distrito
de Reforma
Agraria, el cual comprendía las mejores haciendas
algodoneras de la
zona
oriental, así como muchas ganaderías y tierras
cerealeras.
Un día, el
Presidente Molina llamó a los diputados a la
Casona, que es el nombre
vernáculo
para la Casa Presidencial en El Salvador,
y les advirtió que
no debían oponerse
a su nuevo proyecto de reforma
agraria. No hubo mayor
oposición, puesto que
entonces la mayoría de
diputados eran del partido
oficial, o PCN.
Crearon
intempestivamente el
Instituto Salvadoreño
de Transformación Agraria, cuyas
siglas asemejan
desvergonzadamente a
las del mismo aparato en Cuba castrista,
donde
confiscaron sin
compensación y sin la menor semejanza de proceso legal,
las
mejores
propiedades de la isla, incluyendo muchas empresas poseídas por
norteamericanos. Esto provocó la famosa enmienda Hickenlooper del Congreso
norteamericano, la cual prohibe al gobierno de Estados Unidos, o a
cualquiera de
sus agencias, prestar ayuda monetaria a los países o
gobiernos
que confisquen
propiedad norteamericana, tal como ha sucedido
desde 1979 en
Nicaragua y en El
Salvador. Sorprendentemente, dicha
sanción no ha sido
aplicada en ninguno de los
casos.
Pero volvamos
nuevamente a El Salvador,
1976. Esta vez la empresa
privada organizada
reaccionó debidamente. Surgió
el Frente Agropecuario Regional
de
Oriente, FARO, correspondiente a la zona
directamente amenazada por el
Primer
Distrito. Y luego surgieron
espontáneamente otros Frentes en las
distintas zonas
del país, en respuesta
a futuros distritos
inconstitucionales.
Los
agricultores en FARO, que
eramos la mayoría,
logramos el apoyo de los
industriales, banqueros y
comerciantes en la
ANEP, quienes realizaron la
gravedad del caso. La presión
sobre el
gobierno de Molina y sus acólitos de la
UCA fue tan potente que
tuvieron
que renunciar a sus pretensiones. Sin embargo,
nos dormimos en los
laureles, conformándonos con una leve modificación a la ley
de creación
del
ISTA. Se nos permitió la venta voluntaria de tierras, previa a
la
expropiación. Y por ello, muchos agricultores que se encontraban en
dificultades económicas o que tenían problemas familiares, o de otra índole,
aprovecharon la oportunidad para vender sus tierras al gobierno, logrando
precios relativamente buenos y pago en efectivo, cosa que no sería posible
en
este momento, a pesar de las fuertes cantidades de dólares enviadas
por
Estados
Unidos en apoyo al proceso de reformas. Sin embargo, la gran
mayoría
de
agricultores decidimos continuar operando nuestras empresas,
pensando que
ya
había pasado el peligro y sin darnos cuenta que el
enemigo todavía estaba
al
acecho, esperando una nueva oportunidad para
atacar.
Dicha oportunidad
se
presentó en Octubre de 1979, cuando un
grupo de jóvenes oficiales
propiciaron un
golpe de estado que derrocó al
débil gobierno de Carlos H.
Romero.
Muchos
salvadoreños nos
alegramos con el mencionado golpe, por
que ya estábamos hartos
de la
ineficacia y el desorden del gobierno
romerista, pero muy pronto nos
percatamos que la Junta Revolucionaria,
formada por los militares
golpistas con
elementos de la UCA que ahora
militan en el FDR, era mucho
peor que el débil
Romero.
La proclama de la
Fuerza Armada, gestada
en la UCA, dejó entrever la
tendencia que seguiría el
gobierno de facto.
Todos sus integrantes eran personas
de reconocida
tendencia socialista,
incluyendo al eterno ministro Alvarez
Córdova y al
Subsecretario
Villacorta, quien ha representado al Partido
Comunista en las
recientes
pláticas con el Embajador Plenipotenciario Stone, de
Estados
Unidos.
El primer paso hacia la reforma agraria fue el decreto 46,
que
congeló arbitrariamente el comercio de tierras, no pudiéndose heredar,
vender o enajenar ninguna propiedad superior a cien hectáreas, o sea 240
manzanas. En esta forma impidieron que las propiedades parceladas
anteriormente,
o en propiedad indivisa, tal como el caso de las
sucesiones,
fueran operadas por
sus propietarios, alegando que no había
inscripción en
los registros de
propiedad, muchos de ellos destruidos
por la guerrilla
comunista.
La primera
junta cayó en Diciembre de
1979, por diferencias en
cuanto al radicalismo de sus
miembros civiles,
quienes exigían la disolución
de los cuerpos de seguridad y
una reforma
agraria integral. Pero el gobierno
de facto que se disolvió en 1979
fue
heredado por la Democracia Cristiana y
su líder Duarte, quien en convivencia
con Roy Prosterman y otros asesores
norteamericanos costeados por la AID
y la
AFL-CIO dieron a luz el sorpresivo
Decreto 153, o Ley Básica de
Reforma Agraria,
acompañado por los decretos
154 y 155, que permitieron
la ocupación inmediata de
las tierras por medio
de la Fuerza Armada, sin
que entrara en vigor el Decreto
153.
Fue así
como las empresas
agrícolas más importantes del país fueron
ocupadas por
gente armada, sin
permitir que los dueños retiraran ni sus efectos
personales.
En el
Decreto 153 se sentaron las bases para la emisión de
bonos
a treinta
años plazo y al 6% de interés, valorando las propiedades
según las
declaraciones de impuesto de vialidad para los años 1976 y 77, sin
tomar
en
cuenta la inflación, ni las mejoras hechas a las propiedades, ni el
crecimiento
de los hatos ganaderos en los últimos tres años.
Como
muestra
de la
irresponsabilidad revolucionaria, podríamos mencionar que
se
levantaron
inventarios en menos de un día, cuando normalmente hubiera
requerido varios
días, empleando personal especializado y conocedor del
lugar. Fue un robo.
Se
ha hablado mucho que las tierras eran
producto de
herencias y de cientos de años
de explotación. Pero la mayor
parte de estas
propiedades habían sido adquiridas
por compraventa y en
muchos casos
efectuada en el año anterior a la reforma. Se
confundieron
las personas
naturales con las personas jurídicas para poder sumar
las
extensiones
poseídas por compañías a las poseídas por individuos, hasta
completar las
quinientas hectáreas requeridas para expropiar en la
Primera
Etapa,
principio que tampoco fue respetado, pues muchas de las
propiedades
confiscadas tenían menos de esa extensión.
Este error fue
«remendado»
posteriormente con otro decreto que permitió al ISTA quedarse
con las
propiedades confiscadas equivocadamente, o por error.
La Ley
Básica de
Reforma Agraria definió arbitrariamente lo que a su criterio era
función
social,
elemento necesario para no ser confiscado. Y así nació
el fatídico
Decreto 207,
malamente llamado por Prosterman y los de la
AID-AFL-CIO
«tierra para el que la
trabaja». Este decreto ha servido
para despojar a
propietarios de pequeñas
parcelas por el mero hecho de
haber, en alguna
época, alquilado parte de
ella.
En conclusión,
podría asegurarles que la
reforma agraria no ha hecho
nada bueno para El
Salvador. Ha roto nuestro
esquema jurídico al violar muchas
leyes,
incluyendo la propia Constitución.
Ha roto nuestra debilitada economía,
haciéndole el juego a los terroristas,
nos ha endeudado por
generaciones, y lo
que es más importante que ha quedado
evidenciado
últimamente: Ha empobrecido más
al campesino, quien
supuestamente debía
ser el beneficiado con las reformas. Yo
recomendaría que
no caigan en la
trampa de querer parar la agresión socialista
con medidas
socialistas
porque el precio de violencia y pobreza es demasiado
alto.
«Bajo
condiciones extremadamente difíciles, el Gobierno de El
Salvador
emprendió un Programa de Reforma Agraria de gran envergadura. El
Programa
redistribuyó más de 200,000 hectáreas de tierra a cooperativas
e
individuos. Sin
embargo, las tres fases de la reforma agraria, que han
recibido aproximadamente
200 millones de dólares en asistencia a través
de
la AID, arrojan resultados
cuestionables. La mayoría de las
cooperativas de
la Fase 1 no son viables desde
el punto de vista
financiero. Sólo con
cuantiosa asistencia adicional podrán
seguir
operando. La implementación de
la Fase 2 aún no se ha iniciado. La Fase 3
ha tenido éxito limitado, pero se
enfrenta con graves problemas, entre
ellos el
hecho de que menos de la mitad
de los campesinos elegibles han
mostrado interés
por adquirir las parcelas a
las que tienen derecho».
AID – DEPARTAMENTO DE
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